Se aseguran los territorios de vida de los pueblos indígenas y las comunidades locales, incluidas sus distintas relaciones culturales, espirituales y consuetudinarias con sus tierras y aguas y sus contribuciones intrínsecas y vitales al bienestar humano, la conservación de la biodiversidad y la mitigación y adaptación al cambio climático. Las tierras, territorios y recursos colectivos de los pueblos indígenas y las comunidades locales están legalmente reconocidos y protegidos de conformidad con el derecho internacional; se reforman las clasificaciones del uso de la tierra y el registro de la misma para mantener la tenencia consuetudinaria; y se aumenta progresiva y significativamente la cobertura mundial de las zonas conservadas, utilizadas de forma sostenible y restauradas.

La importancia existencial de las tierras y territorios colectivos para la supervivencia continua de los pueblos indígenas y la diversidad biológica ha sido afirmada repetida veces y capturada claramente en la declaración de Kimberley sobre el desarrollo sostenible, acordada en 2002 por los pueblos indígenas de todas las regiones del mundo (véase Recuadro 54).

En la actualidad, se comprende aún mejor la pertinencia de este mismo mensaje para toda la humanidad, ya que nos esforzamos colectivamente por reparar el daño causado a toda la diversidad de la vida, desde los genes hasta las especies y ecosistemas, y los pueblos y culturas asociados. Está bien establecido que gran parte de la diversidad biológica del mundo se encuentra en las tierras y territorios de los pueblos indígenas y las comunidades locales.² Sin embargo, únicamente alrededor del 10 por ciento de estas tierras están reconocidas legalmente con seguridad de la tenencia consuetudinaria para los pueblos indígenas y las comunidades locales que viven allí y que han apoyado estos distintos territorios de vida. Esto deja cerca del 40 por ciento de las tierras del mundo vulnerables al acaparamiento de tierras y al uso insostenible por parte de agentes más poderosos, lo que genera conflictos, viola los derechos humanos y aumenta las amenazas de retrocesos, violencia y enjuiciamiento injusto contra los pueblos indígenas y las comunidades locales que defienden sus tierras.

La convergencia de las medidas de la justicia social, la conservación de la diversidad biológica y el cambio climático en las próximas décadas depende de que se garanticen los derechos colectivos de los pueblos indígenas y tribales a sus tierras, territorios y recursos, y de sus relaciones recíprocas de cuidado, salud y bienestar con el mundo natural.

En general, la naturaleza está disminuyendo menos rápidamente en las tierras de los pueblos indígenas que en otras tierras. En muchas partes del mundo, las tierras de los pueblos indígenas se están convirtiendo en islas de diversidad biológica y cultural, rodeadas de áreas en las que la naturaleza se ha deteriorado aún más. En otros muchos casos, la diversidad biológica se está incrementando y mejorando a través de valores y prácticas indígenas.³. Los pueblos indígenas ya están «doblando la curva» de la pérdida de diversidad biológica en las tierras que poseen, manejan o controlan.

No reconocer ni asegurar el alto valor de conservación de las tierras, los territorios, las aguas y los recursos de los pueblos indígenas y las comunidades locales es perder una de las oportunidades más grandes de la última década. Una transición hacia la seguridad de los sistemas consuetudinarios de tenencia de la tierra podría tener enormes beneficios para la diversidad biológica.

Los pueblos indígenas y las comunidades locales ya están brindando múltiples beneficios materiales, sociales, culturales y espirituales a sus comunidades y al conjunto de la sociedad. Por ejemplo:

• Los pueblos indígenas y las comunidades locales poseen o manejan al menos el 50 por ciento de las tierras del mundo que alberga gran parte de la diversidad biológica de la tierra, lo que incluye alrededor de un 40 por ciento de las áreas protegidas. Otro 40 por ciento de todas las zonas terrestres restantes con escasa intervención humana se superpone con las tierras de los pueblos indígenas.
• Estas tierras también tienen el 36 por ciento o más de los paisajes forestales intactos, y tienen bajas tasas de deforestación y una mayor riqueza en comparación con otras zonas.
• Al menos el 22 por ciento de todo el carbono de los bosques tropicales y subtropicales se almacena en las tierras de los pueblos indígenas y las comunidades locales.

Asegurar los sistemas de tenencia consuetudinaria de los pueblos indígenas y las comunidades locales y sus relaciones distintas y especiales con sus tierras permitirá:

• Aumentar de manera significativa el áreas actual bajo conservación, uso sostenible y restauración, multiplicando así los beneficios ya existentes.
• Promover la conservación justa e inclusiva.
• Contribuir al logro de los ODS y la implementación del Acuerdo de París sobre el cambio climático.
• Permitir a los pueblos indígenas y las comunidades locales defender sus territorios de las actividades externas insostenibles, y prevenir los conflictos y los ataques contra los defensores de los derechos humanos y ambientales.

Asegurar los sistemas consuetudinarios de tenencia de la tierra es una de las transiciones más concretas y prometedoras sobre la que se puede actuar con efecto inmediato y que puede generar múltiples beneficios.

El derechos internacional en materia de los derechos de los pueblos indígenas (incluyendo la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y el Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo), los resultados de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas y la jurisprudencia internacional y nacional sobre los pueblos indígenas confirman los derechos a las tierras, los territorios y los recursos basados en la tenencia consuetudinaria. Sin embargo, esos derechos siguen siendo poco respetados y pobremente implementados en la mayoría del mundo.

Las Directrices voluntarias sobre la Gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional⁴ y las Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza⁵ se han adoptado con un amplio apoyo. Si se implementan plenamente, pueden facilitar el progreso en todos los niveles para asegurar la tenencia consuetudinaria de la tierra para los pueblos indígenas y las comunidades locales, así como la igualdad de género.

La Declaración de la Unión Africana sobre cuestiones y problemas relacionados con la tierra en África decide asegurar que las leyes sobre la tierra prevean el acceso equitativo a la tierra y los recursos conexos entre todos los usuarios de la tierra, incluidos los jóvenes y otros grupos sin tierra y vulnerables, como las personas desplazadas, y fortalecer la seguridad de la tenencia de la tierra para las mujeres, lo que requiere una atención especial.⁶

Mientras que en 1979 solo uno o dos parlamentos reconocieron a las comunidades como propietarios de sus tierras por derecho propio, en 2019 las leyes de tierras en 73 de 100 países analizados recientemente estipulan la propiedad comunitaria junto con la propiedad pública y privada.⁷ También se están registrando buenos avances en relación con el reconocimiento de la tenencia forestal comunitaria. Según la Iniciativa para los Derechos y Recursos: “Desde 2002, el área total designada y propiedad de los pueblos indígenas y las comunidades locales en 58 países ha aumentado al menos en un 40 por ciento o 152 millones de hectáreas. Mientras que solo 40 países tenían marcos legales que establecían comunidades como propietarios de bosques o titulares de derechos designados en 2002, al menos 54 países establecieron tales instrumentos legales para 2017, con nuevas vías para la propiedad forestal comunitaria establecidas en Indonesia, Kenia, Malí y Zambia a partir de 2013″.⁸

La campaña ¡Derechos a la tierra ya!⁹ y Fondo de Tenencia de la Tierra¹⁰ son asociaciones internacionales con los pueblos indígenas y las comunidades locales, centradas en ampliar el reconocimiento de los derechos colectivos a la tierra.

A nivel nacional y local, algunos de los ejemplos más recientes que también brindan esperanza para el futuro incluyen:

• En Surinam, el día 1ero de octubre de 2019 fue testigo de un momento histórico cuando dos proyectos de ley fueron presentados ante el Ministro de Desarrollo Regional: una propuesta para una Ley de Derechos Colectivos para los Pueblos Indígenas y Tribales de Surinam, que incluye los derechos a la tierra, y una propuesta de enmienda a la constitución. Estas propuestas legales fueron el resultado de años de trabajo, incluida la colaboración y negociación entre el Ministro de Desarrollo Regional, encargado de implementar la “hoja de ruta para la realización del reconocimiento legal de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y tribales (PTI) en Surinam”, y la Asociación de Líderes de Aldeas Indígenas, para implementar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2016 a favor de los pueblos Kaliña y Lokono y, más ampliamente, de los pueblos indígenas y tribales del país.¹¹
• En Bolivia, el pueblo Tacana protegió de manera exitosa tanto sus derechos como la diversidad biológica a través de la libre determinación y la asociación con agencias de conservación en los territorios que se superponen con el Parque Nacional Madidi. El fortalecimiento de la gobernanza ha sido clave para ejercer sus derechos, ya que la ley por sí sola no es suficiente y las leyes pueden cambiar. Durante décadas, bajo leyes y normas cambiantes, y enfrentando diversos desafíos importantes que varían desde las carreteras, la extracción de recursos y la apertura de parques a las empresas de petróleo y gas, el pueblo Tacana, incluso en alianzas con colonos y científicos de la conservación, se ha centrado en desarrollar un sólido sistema de gobernanza en todo su entorno, empoderando a las personas para que tomen sus propias decisiones y fortaleciendo su lucha para la protección de su entorno biodiverso.¹²

En 2019, el Ministerio del Ambiente de Panamá firmó una resolución legal reconociendo los derechos de los pueblos Guna y Embera-Waunan en áreas protegidas. Otra ley, que reconoce los derechos del pueblo Naso Tjër Di, se encuentra actualmente en la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Reconoce y respeta los derechos del pueblo Naso Tjër Di, que durante mucho tiempo ha cuidado los bosques del país y un sitio del patrimonio mundial de la humanidad de la UNESCO, amenazado por proyectos de represas destructivas. Este es un importante paso adelante para los derechos humanos y el medioambiente en Panamá.

• Respetar y defender los estándares de derechos humanos. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas es lo suficientemente precisa como para dar lugar a derechos identificables y practicables y ha sido aceptada como un umbral que refleja el estándar mínimo del derecho internacional que se aplicará para asegurar los derechos territoriales de los pueblos indígenas, incluido el respeto al consentimiento libre, previo e informado para los programas y proyectos que les afecten. Más recientemente se adoptó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales.
• Adoptar y ampliar marcos, mecanismos y medidas concretas de carácter constitucional, jurídico, normativo e institucional para reconocer y adjudicar de forma adecuada y legal los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales a los territorios, las tierras y los recursos, y respetar sus sistemas consuetudinarios de tenencia, incluidos los derechos de la mujer.
• Reformar la gobernanza de la tierra y fortalecer las medidas para garantizar que las empresas cumplan las normas de derechos humanos y ambientales.
• Fortalecer las instituciones de gobernanza de los pueblos indígenas y las comunidades locales sobre las tierras, territorios y recursos, incluso mediante el uso del mapeo participativo comunitario, la demarcación y el monitoreo del Estado y las tendencias de la diversidad biológica, los impactos climáticos, las amenazas externas, los derechos humanos y otras prioridades comunitarias.
• Transformar las políticas y las prácticas de conservación de modelos excluyentes hacia enfoques de colaboración y que estén basados en los derechos que apoyan y promueven la conservación liderada por la comunidad y el uso consuetudinario, sostenible y que celebran las relaciones mutuas entre la naturaleza y la cultura.
• Prestar apoyo e invertir en asociaciones que permitan asegurar los derechos colectivos a la tierra, incluido el acceso a la justicia y la mejora de las medidas de rendición de cuentas, la reparación y restitución para hacer frente a las violaciones de los derechos a la tierra de los pueblos indígenas y las comunidades locales y la protección de los defensores de los derechos humanos ambientales.