Las instituciones de gobernanza “anidadas”, incluyendo a las autoridades de los pueblos indígenas y las comunidades locales, están ejerciendo la toma de decisiones a escalas apropiadas, asegurando enfoques de gobierno y de sociedad plenamente integrados que garanticen el respetos de los derechos , y una amplia variedad de la biodiversidad y los valores culturales. Estas instituciones de gobernanza están mejorando la transparencia y la rendición de cuentas en materia de políticas, jurídicas e institucionales con miras a lograr una mayor equidad, bienestar, sostenibilidad y resiliencia para todos.

Las desigualdades de poder en los sistemas de gobernanza van de la mano con los desequilibrios en los resultados económicos, sociales y ecológicos. Los sistemas de gobernanza estatistas y basados en el mercado han implementado estrategias de desarrollo económico de arriba hacia abajo, que han marginado a los actores menos poderosos, (incluidos los pueblos indígenas y las comunidades locales y sus valores culturales) de la toma de decisiones referentes al uso de la tierra y el manejo de los recursos.

Por otro lado, la fragmentación de la toma de decisiones gubernamentales en sectores especializados ha favorecido el crecimiento económico por encima de la salud ambiental y el bienestar social, contribuyendo a las actuales crisis interrelacionadas de la pérdida de la diversidad biológica, el cambio climático y las desigualdades sociales.

Las instituciones de gobernanza integradoras, holísticas, transparentes y responsables, que defienden el respeto de los derechos humanos y la distribución equitativa de los beneficios de la naturaleza, serán elementos críticos en la transición hacia resultados justos y sostenibles para las personas y el planeta.

Los enfoques de desarrollo que tienen en cuenta las condiciones y culturas locales probablemente darán lugar a resultados más equitativos y adaptados al contexto, al tiempo que aumentarán la identificación de los beneficiarios con el proyecto. La integración de la cultura en las políticas y programas de desarrollo contribuye fundamentalmente a su eficacia y sostenibilidad.

La Evaluación Mundial sobre la Diversidad Biológica y los Servicios de los Ecosistemas de la IPBES concluyó que:

“Reconocer los conocimientos, innovaciones, prácticas, instituciones y valores de los pueblos indígenas y las comunidades locales y garantizar su participación e inclusión en la gobernanza ambiental suele mejorar la calidad de vida de esos pueblos y comunidades, y la conservación, la restauración y el uso sostenible de la naturaleza, lo cual es importante para la sociedad en su conjunto. La gobernanza, incluidos los sistemas de gestión y las instituciones consuetudinarias, y los regímenes de cogestión en los que participan los pueblos indígenas y las comunidades locales pueden ser un medio eficaz para salvaguardar la naturaleza y sus contribuciones para las personas, al incorporar sistemas de gestión adaptados a las circunstancias locales y también los conocimientos indígenas y locales”.²

Un enfoque basado en los derechos humanos defiende los derechos y la dignidad de los sectores pobres y marginados de la sociedad, apoya sus visiones diversas de una buena vida, aborda y maneja los conflictos, al tiempo que libera la energía de las acciones colectivas y la libre determinación.

La Agenda 2030 para el desarrollo Sostenible ha establecido una agenda universal para los gobiernos, las empresas, todos los pueblos, la sociedad civil y todos los ciudadanos. Esta es una agenda que integra los valores universales de los derechos humanos y el compromiso de no dejar a nadie atrás. Esta base de principios impregna la totalidad de la agenda transformadora, que abarca las desigualdades mundiales, la diversidad biológica, el cambio climático y los desafíos asociados.

Varios procesos de políticas a nivel mundial han adoptado decisiones reconociendo las contribuciones de los conocimientos tradicionales hacia la resolución de problemas contemporáneos de la pérdida de la diversidad biológica, el cambio climático, el riesgo de desastres, la deforestación y la degradación de los ecosistemas.³ Sin embargo, existe una gran brecha entre el mayor reconocimiento del valor de los conocimientos tradicionales en la política mundial y su continuo abandono y erosión sobre el terreno. Los conocimientos indígenas y locales y las importantes contribuciones de los pueblos indígenas y las comunidades locales se reflejan pobremente en la mayoría de las estrategias y planes de acción nacionales sobre diversidad biológica y en la mayoría de los procesos de presentación de informes nacionales en los acuerdos mundiales.⁴ No obstante, los avances realizados en los marcos conceptuales y de políticas mundiales también pueden informar y cristalizar los desarrollos en las políticas y estrategias nacionales, como se ilustra en los casos de la jurisprudencia de la Tierra y los indicadores nacionales de bienestar.

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha iniciado un proceso deliberativo sobre «los derechos de la Madre Tierra», centrado en las normas humanas que salvaguardan las funciones e intereses del planeta, proceso que se conoce además con el nombre de «Jurisprudencia de la Tierra», mediante el cual: “los seres humanos deben adaptar sus sistemas legales, políticos, económicos y sociales para que sean consistentes con las leyes o principios fundamentales que rigen el funcionamiento del universo y guían a los seres humanos para actuar en conformidad con estos, lo que significa que los sistemas de gobernanza humana en todo momento deben tener en cuenta los intereses de toda la comunidad de la Tierra⁵”. Entre los países que han aprobado leyes cumpliendo estos principios se encuentra Ecuador, Bolivia, India y Nueva Zelandia.

Varios países y pueblos han adoptado y elaborado diversas concepciones y medidas del bienestar más allá del producto interno bruto y el crecimiento económico, incluido el Índice de Felicidad Nacional Bruta de Bhután⁷, la Encuesta de Bienestar de Ni-Vanuatu⁸ y el Marco de Normas de Vida de Nueva Zelandia.⁹

La adopción por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas proporciona normas y estándares para la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en la implementación nacional y local de los compromisos mundiales, incluida la constitución de Bolivia y la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas de Filipinas.

Estos estándares internacionales están vivos y son practicados por los pueblos indígenas, como la nación Wampis en el Perú (ver Recuadro 57) y las mujeres indígenas del Estrecho de Torres en Australia (ver Recuadro 58).

• Incorporar enfoques participativos de todo el gobierno, de toda la economía y de toda la sociedad en las estrategias de implementación nacional y los planes de acción sobre el desarrollo sostenible, la biodiversidad y el cambio climático; y delegar la toma de decisiones al nivel más apropiado de competencia y resolución de problemas.
• Continuar reformando la legislación y las políticas gubernamentales como parte de la gobernanza adaptativa, generando valores y enfoques plurales y aumentando la equidad, la diversidad y la resiliencia en las instituciones y los sistemas legales.
• Utilizar mecanismos mejorados de presentación de informes y rendición de cuentas, como el Examen Periódico Universal utilizado por los países para informar sobre los derechos humanos, para evaluar las contribuciones de los países y el progreso general a intervalos apropiados.
• Habilitar el poder transformador de los pueblos indígenas y las comunidades locales, las personas con discapacidad, las minorías, los marginados y aquellos que enfrentan discriminación, y todos los que quedan atrás. Abordar la equidad de género e intergeneracional son elementos críticos a lo largo de este proceso.
• Aplicar rigurosamente salvaguardias que garanticen la no violación de los derechos humanos en la implementación de las acciones de desarrollo sostenible, la diversidad biológica y el cambio climático, incluyendo el respeto al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas.